La diputada panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó una denuncia ante la Contraloría Interna del Senado contra el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, por presuntas omisiones, contradicciones y falsedades en sus declaraciones patrimoniales y fiscalescorrespondientes a 2023 y 2024. La panista sostiene que estas discrepancias podrían constituir faltas administrativas graves e incluso delitos.
Según la denuncia, el exsecretario de Gobernación habría omitido reportar ingresos extraordinarios por alrededor de 79 millones de pesos, registrados como “servicios profesionales” y presuntamente vinculados con empresas beneficiadas por el gobierno de Tabasco durante su gestión como gobernador, o bien consideradas como “fantasma” por el SAT.
Pérez-Jaén detalló que, tan solo en 2023, López Hernández habría recibido 8.9 millones de pesos en noviembre y 11.5 millones en diciembre de GH Servicios Empresariales / Operadora Turística Rabatte, mientras que en 2024 habría cobrado 18.8 millones de pesos de Capital Garco del Golfo, contratista del gobierno tabasqueño.
La panista subrayó una severa discrepancia en las declaraciones del morenista: mientras que ante el SAT se habrían reportado 58.1 millones de pesos, ante la Contraloría del Senado solo notificó 625 mil 793 pesos. Recordó, además, que el propio López Hernández reconoció públicamente haber percibido 79 millones de pesos —supuestamente por herencias y asesorías jurídicas— sin presentar comprobantes.
La denuncia solicita investigar presuntas figuras delictivas como defraudación fiscal equiparada, conflicto de interés con empresas contratistas, violación al régimen de incompatibilidades notariales y posibles hechos de enriquecimiento ilícito y cohecho.
Pérez-Jaén pidió la apertura de un expediente administrativo y una revisión exhaustiva de las declaraciones del senador entre 2021 y 2025, así como la intervención de autoridades financieras y fiscales, incluida la CNBV, el Registro Público de la Propiedad, la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la FGR, para investigar posibles delitos fiscales y de lavado de dinero.