Publicidad

 

Ciudad de México.- El domingo 18 de junio 2017, el New York Times publicó en su primera plana un amplio reportaje que detonó una bomba informativa en México: un reportaje elaborado con datos de la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D) y del Citizen Lab exhibía operaciones de espionaje realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el poderoso spyware Pegasus para intervenir, de manera ilegal, celulares de periodistas y defensores de derechos humanos en el país.

Un año y medio después las agencias de su gobierno registraron los celulares de más de 15 mil personas, de las que se pudieron identificar por lo menos 25 periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares, personas menores de edad y más de 700 políticos y sus familiares, principalmente de partidos de oposición.

Es decir, agencias de Peña Nieto registraron, en promedio, más de 33 objetivos de ciberespionaje al día, a un ritmo varias veces mayor al de regímenes autoritarios como Arabia Saudita, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Ruanda, India, Azerbaiyán, Hungría o Kazajistán, que también fueron clientes de NSO Group.

Pegasus es un programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que permite a una agencia de gobierno acceder a prácticamente toda la memoria del teléfono de un objetivo, incluyendo mensajes —SMS, Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería— y correos.

También capta la geolocalización, permite consultar el historial en cualquier momento, escuchar las llamadas y tomar el control del micrófono de la cámara cuando lo desee.

Los nombres

En el caso de México, uno de los teléfonos incluido en la lista de espionaje es el del reportero Cecilio Pineda Birto, quien fue asesinado el 2 de marzo de 2017, mientras que su teléfono no fue encontrado.

Otros periodistas incluidos son Carmen Aristegui; Andrés Villareal; Ismael Bojórquez; Rafael Rodríguez Castañeda, entonces director de Proceso; Jorge Carrasco Aráizaga, entonces reportero y hoy director del semanario; Alejandro Caballero, Arturo Rodríguez García, Jenaro Villamil, Marcela Turati, Álvaro Delgado, Alejandra Xanic von Betrab e Ignacio Rodríguez Reyna.

Asimismo aparecen los celulares del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y del entonces fiscal del estado, Xavier Olea Peláez.

Los datos también sugieren la existencia de un cuarto ente, no identificado, que realizó una menor cantidad de ataques pero los dirigió exclusivamente hacia personajes políticos de primer nivel.

Este trabajo forma parte de una serie de reportajes que Proceso publicará a lo largo de la próxima semana en el marco de Pegasus Project, y que exhibirán la magnitud del espionaje ilegal operado desde el gobierno de Peña Nieto.

León.- En los últimos dos años y medio, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) ha suspendido 24 centros de rehabilitación —popularmente conocidos como ‘anexos’—. Algunos de estos han sido escenarios de masacres, como la ocurrida en Irapuato el año pasado que dejó como saldo 27 personas muertas, y que puede recrudecerse según advierte el líder de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce.

La dependencia estatal tiene registrados 310 centros de rehabilitación en la entidad, de los cuales —una tercera parte—, 102 están ubicados en León; según indicó en respuesta a una solicitud de información.

Precisó que este tipo de establecimientos no requieren de permisos o autorización sanitaria, sino que únicamente deben contar con aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud, trámite que puede realizar el propietario ante la Jurisdicción Sanitaria que le corresponda.

Además, aclaró que si bien no ha clausurado de forma permanente alguno de estos anexos desde el 2019 a la fecha, sí ha aplicado la suspensión de actividades en 24 ocasiones al identificarse irregularidades de carácter meramente administrativo.

De esta cifra, 17 fueron aplicadas en el 2019, año en el que León concentró ocho de estas sanciones. Un año después fueron cinco en cuatro municipios León, San Miguel de Allende, Guanajuato e Irapuato (este último en dos ocasiones).

Este año, con corte a junio, la SSG sólo ha suspendido los trabajos en dos anexos: uno en León y otro en San Miguel de Allende.

La dependencia también indicó que entre los 310 centros que tiene registrados, se atienden aproximadamente 7 mil 263 pacientes, aunque no dio a conocer cuántos atienden a personas con adicción a las drogas y cuántos a personas con alcoholismo.

Pero son peores los riesgos

Debido a la incursión de más grupos delictivos en Guanajuato, la situación en los anexos puede tornarse más peligrosa porque pueden ser utilizados para esconder delincuentes o reclutar a nuevos integrantes, advirtió el líder de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce.

En entrevista, indicó que ya han externado esta situación a la Fiscalía General del Estado, pero hasta el momento ha hecho caso omiso de las alertas y asegura que no es de su competencia.

Instauran sus medidas

El presidente de CRUB, agrupación que concentra 110 centros de rehabilitación en 12 municipios —entre ellos León—, indicó que independientemente de lo que haga o no la autoridad, ellos han implementado mecanismos para tratar de evitar que se infiltren integrantes de grupos del crimen organizado.

Por ejemplo, no admiten a foráneos que no tengan referencias o a quienes llegan sin ser acompañados por algún familiar.

Estado.- El Parque Guanajuato Bicentenario (PGB), obra gestada en el sexenio de Juan Manuel Oliva e inaugurada hace once años, es una carga que sólo genera pérdidas en las finanzas estatales: más de 193 millones de pesos es el tamaño del quebranto en el último

Los registros contables son contrastantes: de los 218 millones de pesos que se destinaron para su operación entre 2017 y el primer semestre de 2021, el PGB sólo logró recuperar 24 millones, apenas el 11% de lo que costó mantenerlo en funcionamiento, revela un informe elaborado por el Ejecutivo del estado  obtenido a través de la Unidad de Transparencia.

Esto significa que por cada nueve pesos invertidos para cubrir la nómina, administración, mantenimiento del PGB, así como el pago de agua, gas y electricidad, sólo se recauda un peso.

Si el PGB fuera un negocio o empresa del sector productivo o comercial, desde hace varios años habría desaparecido al declararse en la bancarrota.

Ese déficit de 193 millones de pesos en cinco años es superior al monto destinado este año para la operación de seis instituciones educativas: la Universidad Politécnica del Bicentenario, las Tecnológicas de San Miguel de Allende y Salamanca; así como los Institutos Tecnológicos Superior de Abasolo, de Purísima del Rincón y el Instituto Tecnológico Laja Bajío (entre las seis se ejercerán 192 millones 878 mil pesos en todo 2021).

En los últimos cinco años, el recinto albergó 437 foros, conciertos y exposiciones.

El PGB se diseñó y gestó hace más de 15 años, para conmemorar el 200 aniversario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Su misión, se dijo, sería la de contribuir al fomento de la cultura, educación y desarrollo tecnológico en el estado.

Para edificarlo, el gobierno de Juan Manuel Oliva adquirió 80 hectáreas en las faldas del Cerro del Cubilete, a un costado de la planta de General Motors, en Silao, ubicación que se pensó resultaría estratégica por hallarse en el centro del país, entre la capital del estado y León, a unos minutos del Aeropuerto Internacional del Bajío.

Se invirtieron mil 700 millones de pesos para la compra de las tierras y su edificación: el gobierno estatal habría aportado 740 millones y lo demás el federal, transfiriendo recursos a través del Fideicomiso Bicentenario y del Presupuesto de Egresos de la Federación, según reveló el diario Reforma el 15 de agosto de 2010.

El PGB ocupa una fracción de 14.5 hectáreas en las que se construyeron una macroplaza y siete recintos acondicionados para albergar exposiciones, foros y conciertos.

“Los pabellones serán adaptados para albergar empresas de vanguardia dedicadas a la innovación, la competitividad, el desarrollo sustentable, la formación de recursos humanos y el diseño contemporáneo. De esta forma, el recinto expositivo dará paso a un conglomerado industrial y de servicios conformado bajo el concepto de parque científico: ‘Guanajuato Tecnópolis’”, alardeó el 13 de agosto de 2008 el entonces secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda Martínez, en una reunión de trabajo en el Congreso del Estado.

Nada de eso sucedió.

El recito fue inaugurado el 30 de enero de 2010. El primer presidente del Fideicomiso del PGB fue el empresario panista Juan Carlos Muñoz Márquez –mismo que hoy preside el Patronato de la Feria Estatal de León—.

Todo lo que se prometió al arrancar el proyecto, comenzó a desvanecerse desde sus primeros años, y poco a poco se convirtió en un lastre para el presupuesto estatal.

El problema principal es que nunca despertó el interés de la gente por desplazarse hasta ese lugar, para observar las exposiciones o asistir a los conciertos.

“Las cifras de visitantes no salen. Originalmente proyectaba recibir al menos 30 mil visitantes al día; cuando se inauguró, las autoridades establecieron una nueva expectativa de tres mil; al final, las visitas reales con boleto pagado entre julio y noviembre de 2010 fueron en promedio cien personas”, consignó el diario El Financiero el 11 de marzo de 2013.

Esa misma semana, el gobernador Miguel Márquez reconoció que resultaba incosteable mantener el inmueble.

“Si hubiera quien me lo comprara y a buen precio, se lo vendo”, lanzó el mandatario, antes de aclarar que el comprador tendría que pagar como mínimo los mil 700 millones que el gobierno había invertido.

El entonces jefe del Ejecutivo planteó dos posibles opciones: vender totalmente el PGB o crear una sociedad público-privada que se encargara de administrarlo. Afirmó que para el gobierno estatal sería más práctico vender a un particular este recinto que mantenerlo, aunque la venta tendría que ser autorizada antes por el Congreso del Estado.

“Si obedece a una vocación cultural, una vocación de mayor ingreso, recreativa, que le permita mayor vida y que genere empleos, claro. Y si algún particular, alguna empresa quiere detonar y desarrollarla, sería para bien del estado.”

Ocho años después, el PGB sólo ha hecho mayor la pérdida de recursos y cada vez luce más lejana la posibilidad de que sea autosustentable.

 

 

El proyecto, sin embargo, llegó a ser incluso más ambicioso.